Al menos 135 menores de origen venezolano han sido reclutados por grupos armados en Colombia

Las estructuras criminales no solo los obligan a combatir, sino que los someten a un catálogo de horrores que incluyen amenazas de muerte y asesinatos de familiares, mutilaciones y desapariciones forzadas, violencia sexual y abortos inducidos

La vulnerabilidad del éxodo venezolano encontró su cara más amarga en las zonas rurales y fronterizas de Colombia. Al menos 135 menores han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos irregulares y lo más estremecedor del hallazgo es que 90% de estos casos corresponden a niños de origen venezolano o con doble nacionalidad.

Las periodistas Paula Andrea Jiménez y Rosalinda Hernández, autoras del estudio “Niñez migrante en medio del conflicto armado en Colombia: entre el reclutamiento y el desplazamiento forzado”, explicaron a Radio Fe y Alegría que este fenómeno es una consecuencia directa de la invisibilidad institucional.

Mientras Colombia alberga 36,5% de la diáspora venezolana mundial, estos menores quedan atrapados en un vacío legal donde el conflicto armado los consume. Según la investigación compartida por Radio Fe y Alegría, los grupos armados no solo los obligan a combatir, sino que los someten a un catálogo de horrores que incluyen amenazas de muerte y asesinatos de familiares, mutilaciones y desapariciones forzadas, violencia sexual y abortos inducidos (considerados crímenes de guerra).

Entorno de acecho

El trabajo, de acuerdo con lo reportado, identifica que las familias más golpeadas son aquellas encabezadas por mujeres solas (madres y abuelas). Al llegar a zonas marginales o fronterizas como Cúcuta, estos núcleos familiares quedan a merced de más de 40 estructuras criminales que ven en los niños migrantes una fuente de mano de obra barata y prescindible.

Un dato crítico aportado por las periodistas proviene del pueblo Barí en donde desde 2016, han sido reclutados 246 menores de esta etnia, de los cuales 70% son de origen venezolano, evidenciando que el riesgo es aún mayor en comunidades indígenas y territorios con abandono estatal.

La investigación también enfatiza una "triple victimización". El drama no termina cuando el menor logra escapar o es rescatado por las autoridades. Debido a su estatus migratorio, muchos de estos niños no son reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado si no poseen la nacionalidad colombiana.

Además, se conoció que no acceden a la justicia restaurativa, quedando fuera del registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Adicional, carecen de estadísticas claras, ya que instituciones como la Defensoría del Pueblo no han caracterizado debidamente a la niñez migrante dentro de sus registros oficiales.

Esta investigación pone de manifiesto que, para estos menores, la frontera no fue un camino hacia la seguridad, sino el inicio de un ciclo de violencia del cual el Estado colombiano aún no logra protegerlos.

Con información de El Nacional