El Ejecutivo venezolano detalló que estas acciones representan una violación flagrante de múltiples normativas internacionales, citando específicamente el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988. Asimismo, el comunicado señala que este proceder vulnera principios fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, los cuales rigen las relaciones de amistad, cooperación y respeto a la soberanía entre los Estados.

En la misiva, el Gobierno Nacional sostuvo que estas prácticas forman parte de un modelo colonialista impulsado por Washington, el cual aseguran será derrotado por la determinación del pueblo venezolano. Se enfatizó que, pese a estas agresiones, el país mantendrá su ruta de crecimiento económico basada en sus motores productivos y en el desarrollo soberano de su industria de hidrocarburos, sin someterse a presiones externas que busquen condicionar su actividad comercial.

Finalmente, Venezuela reafirmó su compromiso de no permitir que estos hechos queden impunes, anunciando que ejercerá todas las acciones legales y diplomáticas pertinentes. Esto incluye la elevación de la denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, bajo la convicción de que el Derecho Internacional prevalecerá y los responsables de este procedimiento criminal deberán rendir cuentas ante la justicia global y la historia.