17 presos políticos han muerto bajo custodia del gobierno desde 2014
Venezolanos partidarios de una #CanonizaciónSinpresosPolíticos. Plaza del Risorgimento, Roma 18 de octubre de 2025 / Foto: EFE
La cifra, compartida por el director del Foro Penal Alfredo Romero, evidenciaría un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión del país
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció este sábado que al menos 17 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde 2014, una cifra que evidenciaría un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión del país.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Romero recordó que la responsabilidad sobre la vida e integridad de toda persona detenida recae directamente en las autoridades: "El Estado y quien ejerce la custodia son responsables de la vida y salud de la persona detenida", afirmó en su publicación.
El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció este sábado que al menos 17 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado desde 2014, una cifra que evidenciaría un patrón sostenido de violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión del país.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Romero recordó que la responsabilidad sobre la vida e integridad de toda persona detenida recae directamente en las autoridades: "El Estado y quien ejerce la custodia son responsables de la vida y salud de la persona detenida", afirmó en su publicación.
El señalamiento se produjo en medio de la conmoción nacional por la muerte del exgobernador de Nueva Esparta y preso político, Alfredo Díaz, quien falleció este sábado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Según denunció Romero, Díaz permaneció aislado durante un año, con acceso restringido a su familia —solo una visita de su hija— y sin atención médica adecuada.
Una lista que crece
El Foro Penal ha documentado casos en los que la falta de atención médica, el aislamiento prolongado, las torturas y las condiciones insalubres de reclusión han sido determinantes en la muerte de opositores y disidentes encarcelados.
Entre las víctimas más conocidas figuran:
Carlos García (2017): Concejal. Falleció por un ACV sin atención adecuada.
Fernando Albán (2018): Exconcejal opositor. Su muerte fue presentada como un suicidio, pero organismos internacionales han cuestionado la versión oficial.
Nelson Martínez (2018): Exministro de Petróleo. Murió sin recibir tratamiento médico oportuno.
Rafael Acosta Arévalo (2019): El capitán de corbeta llegó sin poder mantenerse en pie a su audiencia. Su autopsia reveló signos de tortura.
Raúl Isaías Baduel (2021): General y exministro. Falleció en custodia tras años de detención y denuncias de maltrato.
Salvador Franco (2021): Perteneciente al pueblo indígena pemón, murió por falta de atención médica pese a órdenes judiciales.
Juan Almeida (2023): Experto informático. Murió por complicaciones de salud no tratadas.
Jonathan Rodríguez (2025): Joven con autismo, murió por una infección pulmonar severa sin atención médica.
Wilmer García, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Georman León (2025): También fallecidos tras detenciones arbitrarias después de las elecciones presidenciales del 28 de julo de 2025.
Un patrón que preocupa a organismos internacionales
Organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Provea han señalado de forma reiterada la falta de investigaciones independientes y la ausencia de sanciones a los responsables, así como las condiciones degradantes a las que son sometidos los detenidos en los centros del Estado.
La muerte de Alfredo Díaz vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, un tema que continúa bajo observación de instancias como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha documentado patrones de tortura, tratos crueles y negligencia médica como método de represión.
Mientras crecen las exigencias de justicia de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, el Foro Penal insiste en que cada nuevo fallecimiento bajo custodia incrementa la responsabilidad del Estado y profundiza el registro de violaciones sistemáticas.
