ONG reporta traslado de exalcalde de Barinas y otros presos políticos a cárceles de Miranda

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció el traslado del exalcalde de Barinas, José Luis Machín, a la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, según información que recabaron de sus familiares.

Junto con él y a la misma cárcel de presos comunes también enviaron al estudiante Junior Rivas y los ingenieros Miguel Jorge y José Osorio. Además, a la profesora Ysaira Villamizar la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), también a Miranda.

A estas cinco personas las detuvieron el pasado 25 de agosto en el municipio Sosa de Barinas y las sometieron a desaparición forzada. Sus allegados se enteraron de que los mantenían en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la capital del estado llanero.

«Los familiares denuncian que el traslado a un estado lejano a su ciudad de residencia complica la atención y acompañamiento que deben brindarles mientras siguen injustamente presos», dijo la organización no gubernamental en su red social X.

Incremento de la injusticia, dicen familiares

María Machín, familiar del exalcalde de Barinas, compartió un comunicado de los cinco presos políticos en los que condenan estos traslados y las detenciones.

«Ellos son padres y madres de familia, sostén de hogar y han mostrado conducta de buenos ciudadanos en su accionar. Barinas los conoce y sabe que son personas pacíficas y siempre apegadas a la ley y el orden. Este traslado incrementa la injusticia y nos impone una mayor carga económica a los familiares que debemos proveer la comida y todo lo que necesiten mientras estén allí», dijeron.

El Comité recordó las condiciones del sistema penintenciario venezolano: «con condiciones inhumanas que no garantiza lo establecido por la ley venezolana: alimentación adecuada, atención médica, suministro de agua potable, condiciones de higiene y salubridad ni espacios de recreación. Mucho menos se cumplen los Principios Mandela, reconocidos por Naciones Unidas como estándares mínimos para el trato digno de las personas privadas de libertad». /EC