Mérida, Junio Sábado 06, 2026, 12:40 am

Inicio

Opinión



Nuevas Crónicas de Historia Universitaria

La Universidad de Los Andes y la educación en Mérida ¿Educación para una élite o para el pueblo? por Alí Enrique López Bohórquez (*)

Diario Frontera, Frontera Digital,  Opinión, ,La Universidad de Los Andes y la educación en Mérida ¿Educación para una élite o para el pueblo? por Alí Enrique López Bohórquez (*)
Por Alí Enrique López Bohórquez


Mérida, ciudad Universitaria. Mérida, ciudad turística y estudiantil. “Mérida una Universidad con una Ciudad por dentro”. Son tres expresiones comúnmente conocidas y divulgadas. La última de ellas, atribuida sin veracidad alguna a Mariano Picón Salas, pues en ninguno de sus escritos hace referencia a ello, y que ha sido utilizada como eslogan publicitario para vender la imagen de la ciudad al visitante que, entrando por la vía del páramo, llega mayoritariamente en condición de turista. Sin mayor esfuerzo, este inmediatamente entrará a analizar el contenido de dicho eslogan sin precisar seguramente, en ese momento, la inventada frase, pero a medida que va recorriendo los distintos espacios de la ciudad advertirá que en todas partes está presente la Universidad de Los Andes. ¿Es esa presencia un hecho nuevo o reciente? Obviamente que la respuesta debe ser negativa pues, en verdad, como si lo dijera aquel ilustre escritor merideño: “…el destino de Mérida se asocia…indisolublemente al de esta casa universitaria, que ha sido, tal vez nuestra mayor empresa histórica…” (1958). Afirmación orientada a reconocer en el tiempo la relación Ciudad-Universidad / Universidad-Ciudad, como caso único en nuestro país, mediante la asociación de una institución de carácter educativo-científico-cultural con un espacio socio-económico-político, en la que la intervención constante y progresiva de la Universidad de Los Andes es más que evidente, desde su establecimiento el 21 de septiembre de 1810 hasta nuestros días.

            Hija de la ciudad, como la calificó el profesor William Lobo Quintero (2003), y no de ninguna otra institución, pues fue el primer acto político después de la instalación de la Junta Superior Gubernativa de Mérida defensora de los derechos del Rey Fernando VII -antes incluso de disponer la organización de la nueva Provincia- la que acordó su creación en aquella fecha y no en otro momento como interesadamente se ha pretendido divulgar con un falso bicentenario. De manera que la Universidad andina ha sido –en sus doscientos quince años de existencia– el centro fundamental del quehacer educativo, cultural, social y económico de Mérida, pero también con apreciable incidencia –en determinados momentos– en hechos políticos, en l confrontación con los gobiernos, destrozos de bienes públicos y privados y en la alteración del orden social, así como en su desarrollo urbanístico, ambiental y de servicios. Con mayor o menor grado ha existido una notable intervención universitaria en la ciudad en los señalados aspectos. Aunque a ratos se expresa un divorcio incompresible entre esos miembros indisolubles de una sociedad de indiscutible relación histórica. Cuántas veces hemos escuchado en la calle y en los medios de comunicación el rechazo a la protesta estudiantil, cuando ésta interfería en el desarrollo normal de la vida de la ciudad; o aquella expresión de “Mamá ULA” para referirse el ciudadano común a cómo la institución ampara no solamente económicamente a sus miembros, sino también para manifestar una diferenciación social derivada del status quo universitario. De igual manera, en los círculos políticos de gobierno, no solamente ahora, sino también antes, se pronunciaron epítetos despectivos contra la Universidad; y es reconocida la actitud histórica desde la institución, por parte de sus miembros, y algunas veces de sus autoridades, contra los gobiernos de turno, fueran locales, regionales o nacionales.

Sin embargo, no mentiríamos si decimos que existe más de un centenar de convenios marco entre la Universidad, la Alcaldía de la Ciudad, la Gobernación y otros organismos estadales y nacionales que en el tiempo se convirtieron en letra muerta. Ni que decir de proyectos concretos, como el saneamiento del río Albarregas, los dos proyectos de medios de transporte masivos de Ejido a Mérida, que datan de 1967, o el caso omiso a las opiniones de especialistas universitarios con respecto del que actualmente esta en servicio (TROLEBUS) que, por cierto, no fue una idea de la presente gestión gubernamental nacional, pues se le atribuyen las actuales deficiencias, cuando en verdad el sistema no se puso en práctica como originalmente se concibió, sin intervención ni opinión de técnicos e ingenieros de la ULA en electricidad y vialidad. En fin, podríamos seguir señalando un número considerable de hechos que en el tiempo evidencian el divorcio de la Universidad con la Ciudad, pero también de la Ciudad con la Universidad. Por eso, la propuesta de Servicio Comunitario que deben prestar los estudiantes de la ULA, de ser bien entendida su filosofía, sería uno de los medios significativos para el definitivo cumplimiento de la Ley de Universidades que exige a éstas su decisiva intervención en la transformación de la sociedad venezolana, y la de Mérida en particular, y su contribución en la solución de sus más ingentes problemas. No es intención de esta crónica hacer memoria histórica de lo antes expuesto, pues sólo nos proponemos hacer referencia a la intervención de la universidad en la ciudad en lo que respecta a la educación. En la anterior nos hemos referido a la cultura y en las siguientes lo haremos con su ingerencia en el urbanismo de la ciudad en determinados espacios y momentos, así como el significado de la institución en el sector turismo. Asuntos que serán brevemente analizados dentro de sus respectivos contextos históricos, para así contribuir a la explicación de la citada afirmación de Picón Salas de que la Universidad de Los Andes ha sido la mayor empresa histórica de Mérida, y concluir haciéndonos la consideración sobre cuál ha sido verdaderamente esa relación ciudad-universidad, para lo que es imprescindible recurrir a la historia, que siempre ayuda a conocer y comprender la acción de los seres humanos y sus instituciones en el tiempo.

La decisión de la Junta Superior Gubernativa de Mérida de establecer una Universidad en aquella apartada ciudad de los andes venezolanos, sede de un Obispado desde 1777, venía a cumplir la vieja aspiración de que el Colegio Seminario Conciliar de San Buenaventura de Mérida, fundado el 29 de marzo de 1785 como Casa de Educación para formar religiosos por el primer Obispo Fray Juan Ramos de Lora, se convirtiera en verdadero instituto de educación superior. Ello porque, a pesar de las distintas gestiones de las autoridades eclesiásticas y civiles habían hecho entre 1800 y 1805, fue negado por el Rey Carlos IV el 18 de junio de 1806 al señalar que “No accediendo al establecimiento de Universidad en esa ciudad…he resuelto se fomente ese Seminario e inviertan sus rentas en el aumento de Becas, se provean y doten las Cátedras con profesores hábiles idóneos para la enseñanza de las ciencias y se pongan bajo el plan y gobierno conveniente para llenar los fines del Concilio, y surtir el Obispado de Curas y Ministros Eclesiásticos instruidos, y virtuosos de que carece…”; indicando también que el Seminario pudiera conferir “…los grados mayores y menores en Filosofía, Teología, y Cánones, y no en Derecho Civil…” Los tres primeros eran de significado para la Iglesia, lo que el último lo era para el Estado. Aunque la disposición real fue más que clara, sin embargo la máxima autoridad eclesiástica de entonces, el Obispo Santiago Hernández Milanés, y uno de los factores políticos de la ciudad más importante, el Teniente Justicia Mayor Antonio Ignacio Rodríguez Picón, interpretaron que aquella Real Cédula de 1806 otorgaba a Mérida el privilegio de contar desde entonces con una Universidad, como se había solicitado. Ambas autoridades inmediatamente advirtieron que no se había creado una Universidad, lo cual explica que el Obispo consintiera en 1810 la conversión del Colegio seminario en Real Universidad y el Teniente de Justicia formara parte de aquella Junta Gubernativa y firmante del Acta que establecía en verdad la institución universitaria merideña el 21 de septiembre de 1810 con el nombre de Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros.

El significado de la creación de la Universidad en este año se puede explicar si se consideran los siguientes hechos: La única Universidad que existía en Venezuela había sido establecida en Caracas en 1721, por lo que quienes aspiraban en Mérida seguir estudios universitarios debían dirigirse a esa Universidad o a la de Bogotá. En Mérida el primer centro educativo formal de carácter eclesiástico fue el colegio San Francisco Javier de 1628, no de carácter público pues fue un centro de formación de sus propios religiosos. Suprimido en 1767 con la expulsión de la Orden de los Jesuitas de Mérida, Venezuela y América, la Provincia de Mérida de Maracaibo prácticamente se quedó sin educación religiosa. Cabe mencionar que con anterioridad a esos años y también de manera coetánea a los mismos, los Agustinos, Dominicos y Franciscanos cumplieron una incipiente labor educativa, particularmente en las llamadas misiones indígenas de las zonas rurales, en lo que respecta a la enseñanza de la lengua castellana, la religión católica y, en algunos casos, las primeras letras. Como señalamos, el Obispo Ramos de Lora estableció una Casa de Educación para formar religiosos en 1785, la cual se convirtió dos años más tarde en el Colegio Seminario Conciliar de San Buenaventura de Mérida. Ello después de la idea de una Escuela Pública para Mérida de 1783 del Racionero de la Iglesia Francisco Antonio Uzcátegui, a la que seguiría la Escuela de Artes y Oficios de Ejido de 1788 del mismo sacerdote y la Escuela de Primeras Letras adscrita al Seminario de 1803. Proyectos inconclusos en la ciudad, lo cual permite afirmar que en Mérida no hubo estudios primarios formales durante la colonia. Estos no volverán a considerarse hasta 1824, cuando una Ley del Congreso de Colombia propiciara y autorizara el establecimiento de Escuelas auspiciadas por el Estado en las principales ciudades de su Departamento, lo que en Mérida tampoco logró concretarse. Más tarde, a partir del establecimiento de la Diputación Provincial de Mérida, también se intentaría la fundación de una Escuela Primaria, como se lo exigía la legislación nacional. El terremoto que sacudió a Mérida el 26 de marzo de 1812 y la retoma del poder político por parte de las tropas realistas determinaron la suspensión de las actividades educativas tanto de la Universidad como del Colegio Seminario, por lo que al año siguiente las autoridades eclesiásticas acordaron trasladar a Maracaibo la Catedral, el Convento de Santa Clara y el Seminario.

Nada se dijo entonces sobre la recién creada institución universitaria, cual no fuera la necesaria reconstrucción de la casa en la que funcionaba desde 1810, propiedad del Seminario. No será hasta 1831 cuando el Gobernador de la Provincia de Mérida, Juan de Dios Picón, solicite al Presidente José Antonio Páez su restablecimiento, ahora con el nombre de Universidad de Mérida, como en efecto ocurrió en 1832 con el nombramiento del Rector Ignacio Fernández Peña, encargándosele la redacción de sus primeros Estatutos, siguiendo los conferidos por el Libertador Simón Bolívar a la Universidad de Caracas en 1827. Ahora la ciudad de Mérida tendría definitivamente funcionando una Universidad de carácter republicano y laico, con autonomía absoluta de la Iglesia, independientemente de que algunos eclesiásticos en el transcurso del siglo XIX formaron parte de su planta profesoral y como autoridad universitaria, y que lo religioso también se estudiaba como carrera formalmente reconocida. De aquella institución de 1810, limitada a Cátedras informales de los grados de Filosofía, Derecho Civil y Canónico, Teología y Medicina, se pasó a un instituto que tendría a partir de 1832 Cátedras de Gramática Latina, Filosofía, Derecho Civil, Derecho Canónico y Teología. Todavía una Universidad marcada por el escolasticismo que había predominado en los estudios universitarios de la época colonial en Venezuela e Hispanoamérica en general. En 1843, por efecto del primer Código de Instrucción Pública de Venezuela, los estudios en la universidad andina tenderán a ampliarse, sin que todavía estemos en presencia de una Universidad moderna y científica, pues solamente se establecerán las Facultades de Ciencias Políticas, Ciencias Eclesiásticas y Ciencias Filosóficas o de Humanidades. Las de Ciencias Físicas y Naturales y de Ciencias Médicas -contempladas en aquel Código para Caracas y Mérida- no se instaurarán entonces, ya que no existían condiciones académicas para ello. La última sólo se iniciará en 1854 como una Escuela con muchas limitaciones. Y la primera en 1932 con el nombre de Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas.

 

            Esas áreas del conocimiento se fueron ampliando a finales del siglo XIX y primeras décadas del XX en la búsqueda de una institución universitaria que no solamente se caracterizara por la enseñanza especulativa, sino que también daban los primeros pasos en la investigación y se consideraran los problemas de la ciudad como parte de su preocupación social, cultural y ambiental. Los rectorados de Caracciolo Parra y Olmedo (1887-1900), Juan Nepomuceno Pagés Monsant (1909-1912), Ramón Parra Picón (1912-1917), Diego Carbonell (1917-1921), Gonzalo Bernal (1921-1931) y Humberto Ruiz Fonseca (1932-1933) serán expresión particular de ello. Junto a la continuación de los estudios de derecho (Ciencias Políticas), se crearán las Escuelas de Farmacia (1894 y 1918), Dentistería (1928), Ciencias Físicas y Matemáticas (1932), las que luego darían origen a las Facultades de Farmacia (1942), Odontología (1942) e Ingeniería (1953). En 1955 se instaurará la Escuela de Humanidades, dependiente de la Facultad de Derecho, la que se convertirá en Facultad de Humanidades en 1958 y Humanidades y Educación en 1959, al crearse su Escuela de Educación. Ese proceso de transformación progresiva y de modernización académica determinó el paso de una Universidad dedicada exclusivamente a la docencia a una Universidad que comienza a afianzar, modernamente, la investigación científica, al menos en el campo de la medicina y la farmacia; Una Universidad exclusivamente formadora de profesionales que en sus respectivas áreas requería la ciudad, el Estado, la región andina y el país en general, indispensables para el desarrollo local, regional y nacional. Esta etapa se corresponde con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en la que se sientan las bases de la Universidad moderna que despegará definitivamente en la llamada era democrática. En 1936 se había inaugurado su primer edificio (Actual sede del Vicerrectorado Académico). Entre 1954 y 1956 se construirán el Edificio Central o del Rectorado y en la Avenida Tulio Febres Cordero las sedes de las Facultades de Medicina e Ingeniería.

            Antes de referirnos al aporte educativo de la Universidad de Los Andes y sus efectos en Mérida, en lo que a sus carreras se refiere, cabe hacer un paréntesis para considerar un hecho significativo para la institución y la ciudad, por cierto poco conocido por la comunidad de ambos espacios. Aunque los Colegios Nacionales habían sido creados entre 1832 y 1842, Mérida no contaría con una institución de esa naturaleza hasta 1877, que en buena medida era el nivel de educación que servía de antesala del ingreso a la Universidad. En algunos de esos institutos se llegaron a dictar las mismas carreras que se dictaban en las universidades de Caracas y Mérida. Aquellos cursos darían origen a las Universidades del Zulia y de Carabobo. La precariedad del Colegio de Mérida determinó su extinción casi inmediata en 1879, por lo que la ciudad no contaba con los estudios secundarios. De manera que desde la enseñanza familiar, la escuela primaria o desde el Seminario, durante el siglo XIX, se ingresaba a la Universidad a muy corta edad. Este hecho todavía no se ha estudiado con precisión, comprobado por el ingreso de merideños que luego destacarían dentro de la institución o en otras actividades profesionales de la ciudad. Esa realidad también podría darnos la idea del perfil de aquella Universidad decimonónica. Otros hechos resaltantes que hicieron más difícil el funcionamiento de la Universidad de Los Andes fueron la clausura en 1904 de la Facultad de Medicina y con ello la Escuela de Farmacia por disposición del Presidente Cipriano Castro y la reducción progresiva de la matrícula estudiantil en las Facultades de Ciencias Eclesiásticas y de Filosofía.

Esa situación educativa de la Universidad a comienzos del siglo XX (carreras eliminadas y existentes, carencia de estudios secundarios) determinó el establecimiento a partir de 1909 de los Cursos Preparatorio y Filosófico, los que darían paso desde 1915, por decisión del Ejecutivo Nacional, al llamado Liceo Universitario, que casi inmediatamente pasó a llamarse Liceo Mérida en 1917, el cual durante quince años formó parte de la estructura académico-administrativa de la Universidad de Los Andes. Sus profesores dictaban las clases de los distintos cursos establecidos por los programas oficiales en los espacios universitarios. Su Rector o Vicerrector se turnaron para ejercer la Dirección del Liceo. El propósito era formar los estudiantes que ingresarían a la ULA, en mejores condiciones que los que provenían de otras ciudades del país. La necesidad de la educación secundaria era tal, que el Dr. Florencio Ramírez también fundó un instituto privado para formar a los estudiantes que ingresarían a la Universidad. A partir de 1932, aquel Liceo obtuvo su autonomía, aunque siguió vinculado académicamente a la Universidad pues, desde su fundación durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, muchos de sus docentes eran destacados catedráticos universitarios. En la actualidad es el instituto que conocemos como Liceo Libertador, a partir de 1942. Denominado así en la fecha centenaria de la conmemoración del traslado de los restos del Libertador Simón Bolívar de Santa Marta a Caracas, como él lo había dispuestos en su testamento. Es decir, fue otro aporte más de la Universidad a la ciudad en materia educativa.

Al iniciarse la llamada era democrática, y particularmente en la primera década de la misma, ya la Universidad de Los Andes había definido prácticamente su estructura académica, administrativa y de extensión, conformada en la actualidad por once Facultades: Ciencias Jurídicas y Políticas (desde 1832), Medicina (1854, 1928), Farmacia y Bioanálisis (1894, 1918), Ingeniería (Ciencias Físicas y Matemáticas, 1932), Odontología (Dentistería 1928, Facultad 1942), Ciencias Forestales y Ambientales (1952), Humanidades y Educación (1955), Ciencias Económicas y Sociales (1958), Ciencias (1969), Arquitectura (1970) y Artes (2005) y los dos Núcleos Universitarios de Trujillo (1972) y Táchira (1975). Cada una de esas unidades académicas con sus respectivas Escuelas, Departamentos, Institutos, Centros, Grupos de Investigación y Postgrados. Además de los Consejos de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes; de Estudio de Postgrado y de Publicaciones, y las Direcciones de Cultura y de Deporte  Dependencias que en su conjunto conforman una estructura académico-administrativo para dar cumplimiento a sus funciones de enseñanza, investigación y extensión. En próxima Crónica vamos a desglosar de manera específica esta estructura. Cabe señalar que junto al hecho propiamente educativo de la Universidad de Los Andes y su incidencia en el Estado Mérida, de donde proceden en la actualidad el mayor número de estudiantes de la universidad andina, debemos señalar otro hecho en materia de su proyección en la educación en los distintos Municipios de esta entidad federal, lo que todavía no ha sido estudiado de manera particular.

Nos referimos a una situación que se puede evidenciar históricamente: La enseñanza en los institutos de educación primaria, secundaría y de otras instituciones universitarias, públicas o privadas en Mérida ha sido servida por profesores, egresados o estudiantes de la Universidad de Los Andes. En efecto, esta trilogía docente en esos niveles educativos se hizo evidente desde la creación del Liceo Universitario en 1915, pero es a partir de 1960 cuando se advierte una progresiva incorporación de universitarios como docentes en Escuelas y Liceos, y más recientemente en nuevos institutos de educación superior de carácter regional nacional. Bien desde las Escuelas de la Universidad autorizadas para la enseñanza en distintas áreas del conocimiento de los correspondientes currícula, incorporándose sus egresados para ese fin por los organismos nacionales y regionales responsables de la Educación. Bien desde otras escuelas universitarias, cuando se ha requerido la selección y contratación profesores o estudiantes de la Universidad por parte de esos organismos para resolver necesidades específicas, en lo que respecta a la educación pública, y de la educación privada por parte de la Dirección de sus Escuelas y Liceos. Somos ejemplo de esta situación, pues entre 1970 y 1974 ejercimos la docencia en Historia Universal y en Historia de Venezuela en el Colegio Monseñor Silva de Mérida e incluso con funciones administrativas. Conocemos muchos casos de docentes y compañeros estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación, Medicina e Ingeniería que prestaron servicios docentes en ese y otros centros educativos merideños durante esos y otros años. Otro ejemplo de la proyección de la Universidad fue la propuesta del gremio profesoral de la ULA para poner en marcha el proyecto del Centro Educacional de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (CEAPULA) desde 1968, en la actualidad funcionando con el nombre de Unidad Educativa “Carlos Emilio Muñoz Oráa”. Creado entonces para la educación de hijos de profesores universitarios, con el transcurrir del tiempo se convirtió en un instituto con carácter público-privado. No tratamos aquí lo concerniente a la proyección de la ULA en la educación de Trujillo y Táchira, donde funcionan los Núcleos Universitarios Rafael Rangel y Pedro Rincón Gutiérrez por desconocimiento de esa realidad, pero suponemos que no debe ser muy diferente a la de Mérida. 

Además de la proyección educativa de la Universidad de Los Andes en el Estado Mérida, cabe resaltar que su crecimiento progresivo, tanto institucional como demográficamente, ha incidido en el tiempo en un doble aspecto: Uno, en la ciudad, la región y el país en cuanto a la formación de profesionales esenciales para el desarrollo local, regional y nacional, y el funcionamiento de la propia sociedad. Otro, en el efecto económico de la comunidad universitaria en la sociedad merideña, pues el salario de sus miembros ha sido significativo para su economía y la de sus áreas espaciales de influencia, en cuanto al comercio, el mercado inmobiliario, el sistema bancario, la residencia estudiantil, el transporte interno y externo, la alimentación, diversiones, etc. Estos son solo algunos de los ejemplos de ese efecto económico. Por otro lado, el arribo a la Universidad de estudiantes –primero– y de profesores –después–, provenientes de distintos lugares del país, de muchas maneras ha influido también en la transformación de la dinámica socio-cultural de la ciudad, de la idiosincrasia de los merideños y, también, en la modificación de algunas de sus características lingüísticas; no solamente por parte de los estudiantes que vienen, estudian, se gradúan y vuelven a sus lugares de origen, sino también por los que permanecieron y formaron familia en la ciudad. Un estudio sociológico dedicado a ello podría sorprender por su significado y trascendencia.

Cabe finalmente considerar en este apartado lo enunciado al comienzo de esta exposición: ¿Educación para una élite o para el pueblo? Ambas cosas existen separadamente o coexisten en el tiempo histórico de la Universidad. No incurriríamos en un error al afirmar que la Universidad fundada por los miembros de la Junta Superior Gubernativa de Mérida, insistimos, el 21 de septiembre de 1810, estaba dirigida a los hijos de las familias merideñas que por su prestigio y poder económico podían ingresar a la recién creada institución de educación superior; bien porque hubieran tenido la posibilidad de estudiar en las escuelas primarias que existían en la ciudad en algún momento o de una enseñanza familiar; bien porque eran o habían sido estudiantes del Colegio Seminario, lo cual no niega que algunos pobres de solemnidad no ingresaran al nuevo sistema educativo, particularmente, si provenían de aquella institución eclesiástica. Lo mismo podríamos decir de los estudiantes que tempranamente procedían de ciudades como Barinas, Trujillo (las más cercanas), Maracaibo y San Cristóbal (las más alejadas), pues requerían de recursos para cubrir los costos de sus respectivas matrículas y grados, elevadas por cierto, y para el pago de residencia y alimentación. Con el transcurrir del tiempo, y de manera progresiva, la Universidad de Los Andes y Mérida se convirtieron en un atractivo para jóvenes de casi todo el territorio nacional, interesados en realizar estudios en las distintas carreras que ha ofrecido esta institución universitaria a lo largo de sus 215 años de existencia, sobre todo a partir de la década de los sesenta del siglo XX.

De aquellas familias salió la mayoría de los profesores y autoridades, las que predominarían en el tiempo, hasta que por efecto de una permanente intervención del Estado se fueron incorporando otros universitarios egresados de la Universidad Central de Venezuela, nativos de distintos lugares del país, y con posterioridad de las otras universidades nacionales o regionales (Caracas, Zulia, Carabobo), desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. En la segunda mitad de esta centuria otras instituciones universitarias aportarán docentes e investigadores de esos y otros lugares del país, particularmente de Oriente y de Los Llanos. La llegada de la llamada era democracia, a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, abrió las puertas a una masificación universitaria ulandina, en la que se observaría un mayor ingreso de estudiantes de escasos recursos económicos, sobre todo a partir de 1968, y de profesores de otras universidades nacionales y extranjeras. Ello también significaría la pérdida del control y gobierno de la Universidad por parte de los merideños. De los ocho Rectores, por ejemplo, que han dirigido la institución entre 1958 y 2025 (Pedro Rincón Gutiérrez, Ramón Vicente Casanova, José Mendoza Angulo, Miguel Rodríguez Villenave, Felipe Pachano Rivera, Genry Vargas Contreras, Léster Rodríguez Herrera y Mario Bonucci Rossini), sólo uno es nacido en Mérida, pero en Ejido (Néstor López Rodríguez). Semejante relación podría establecerse también con las otras autoridades universitarias. Lo mismo podría decirse en lo que respecta a profesores e investigadores de las distintas Facultades. De manera que la Universidad dejó de ser en el tiempo una institución de la ciudad y para los merideños, para convertirse en una institución de carácter regional y nacional.

Para un conocimiento sobre la educación en Mérida antes de la existencia de una institución universitaria, recomendamos la lectura de los siguientes artículos de Yuleida Artigas Dugarte: “La educación en Mérida antes de la creación del Colegio Seminario de San Buenaventura (1620-1785)”, Educere. La Revista Venezolana de Educación, 55 (Mérida, Septiembre-Diciembre de 2012), pp. 325-329 y de Alí Enrique López Bohórquez: “La educación en Mérida antes del establecimiento de su universidad en 1810. Aproximaciones de críticas históricas e historiográficas”, Educere. La Revista Venezolana de Educación, 69 (Mérida,  Mayo-Agosto de 2017), pp. 285-316.


Mérida, 28 de junio de 2025.

(*) Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes. Doctor en Historia. Profesor Jubilado Activo de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Premio Nacional de Historia “Francisco González Guinán” (1989). Premio Nacional de Historia (2019). Premio Nacional de Cultura (2024).





Contenido Relacionado