BONO QUE OTORGA MADURO EN SEIS MESES NO VALDRÁ NI UN CENTAVO

Enrique  Rivera

Diario  Frontera El Vigía

 

Cientos de miles de venezolanos fueron privados del beneficio de sus prestaciones sociales y a cambio recibieron algo inferior a una limosna.

Así lo  declaró Daniel García  secretario general del partido regional Progresista Merideño Independiente, (PMI)  quien  además denuncia y advierte que el  bono prometido a los empleados públicos que fueron jubilados a partir del mes de enero del 2018, cuyo monto fue anunciado el primero de mayo de este año por el Señor Maduro; por un monto de 10.000 Bs equivalente 2.232 dólares calculado a la taza de del banco central de 4,48 bolívares por dólar se devalúa diariamente sin que a la fecha se conozca el leonino cronograma de pago propuesto de fraccionarlo en tres partes en un lapso de un año.

Añadió García, que los beneficiarios de este anuncio poco justo e insuficiente, como pago a 30 o más años de servicio, en primer lugar no han recibido ninguna información en las instituciones que les corresponde, tampoco se explican como en una devaluación diaria de la moneda se pretenden pagar por partes

Manifestó el dirigente opositor de la entidad merideña, que a más de sesenta días del anuncio del insuficiente monto ofrecido se ha devaluado en 25% ya que la tasa de cambio actualmente está 5,61 bolívares por dólar lo que se traduce en que los 2.232 dólares del bono se convirtieron en 1.650 y lo grave es que al ritmo de la depreciación del bolívar.

Comentó García,  que el bono, su destino será el de convertirse en una oferta engañosa y fraudulenta, pues en los 10 meses restantes planteados para su pago, podría perder su valor de manera absoluta y si en dos meses su valor se depreció 25% en seis meses más no tendrá ningún valor.

Indicó el dirigente regional de PMI, que los sectores gremiales y sindicales no entregados al régimen, deben llevar en sus agendas y exigencias en que se revisen y restituyan los pagos realizados a los funcionarios públicos al menos en los últimos 10 años; ya que miles de funcionarios de la administración pública que fueron jubilados y no recibieron el pago justo por sus prestaciones sociales; por lo que el estado debe reivindicar este hecho doloso y premeditado.